Vos estis lux mundi: Una renovada legislación para la protección de menores y personas vulnerables – Davide Cito, pbro.

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Artículo publicado en la edición Nº 1.202 (ABRIL- JUNIO 2019)
Autor: Davide Cito, pbro.
Para citar: Cito, Davide; Vos estis lux mundi: Una renovada legislación para la protección de menores y personas vulnerables, en La Revista Católica, Nº1.202, abril-junio 2019, pp. 184-190.

 

 

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Vos estis lux mundi: Una renovada legislación para la protección de menores y personas vulnerables
Davide Cito, pbro. [1]

A pocos meses de la reunión celebrada en el Vaticano del 21 al 24 de febrero, titulada “La protección de los menores en la Iglesia”, a la que asistieron los Presidentes de las Conferencias Episcopales de todo el mundo, se ha añadido un nuevo acto pontificio a los numerosos discursos y documentos que, sobre todo a partir de 2010, los Sumos Pontífices, Benedicto XVI en primer lugar y Francisco en la actualidad, han dedicado una atención creciente y conmovedora al doloroso tema del abuso de menores en la Iglesia por parte de los ministros ordenados. Entre los documentos promulgados (VER AQUÍ) poco antes del motu proprio objeto de estas breves notas se encuentran el motu proprio “Sobre la protección de los menores y de las personas vulnerables”, la Ley CCXCVII sobre la protección de los menores y de las personas vulnerables del Estado de la Ciudad del Vaticano, y las “Directrices” para la protección de los menores y de las personas vulnerables para el Vicariato de la Ciudad del Vaticano, todas del 26 de marzo de 2019.
El motu proprio del Papa Francisco Vos estis lux mundi del 7 de mayo de 2019 entró en vigor ad experimentum por tres años el 1 de junio. Así, es una nueva pieza del mosaico que en los últimos años la Iglesia está diseñando para ofrecer a los fieles heridos la acogida y la escucha, junto con un ambiente seguro y evangelizador, a quienes se acercan a las comunidades eclesiales para un encuentro vivo con Jesucristo, con su palabra y su gracia. Es un trabajo que se ha realizado sobre la base de la experiencia adquirida según el desarrollo creciente del fenómeno, con dificultad pero con una decisión cada vez mayor.
No es difícil ver cómo este documento representa una concretización de lo que el Papa Francisco ya había expresado en su Carta al Pueblo de Dios del 20 de agosto de 2018, en la que subrayaba, entre otras cosas, dos aspectos: “Hoy nos vemos desafiados como Pueblo de Dios a asumir el dolor de nuestros hermanos vulnerados en su carne y en su espíritu. Si en el pasado la omisión pudo convertirse en una forma de respuesta, hoy queremos que la solidaridad, entendida en su sentido más hondo y desafiante, se convierta en nuestro modo de hacer la historia presente y futura” (n. 2); y un poco más adelante: “Tal solidaridad nos exige, a su vez, denunciar todo aquello que ponga en peligro la integridad de cualquier persona”.
En el Proemio de Vos estis lux mundi se recuerda una vez más la implicación de toda la Iglesia: “Los delitos de abuso sexual ofenden a Nuestro Señor, causan daños físicos, psicológicos y espirituales a las víctimas, y perjudican a la comunidad de los fieles. Para que estos casos, en todas sus formas, no ocurran más, se necesita una continua y profunda conversión de los corazones, acompañada de acciones concretas y eficaces que involucren a todos en la Iglesia”. Ciertamente, hay una gradualidad en la responsabilidad moral y jurídica de los christifideles, como señala el Santo Padre: “Esta responsabilidad recae, en primer lugar, sobre los sucesores de los Apóstoles, elegidos por Dios para la guía pastoral de su Pueblo, y exige de ellos el compromiso de seguir de cerca las huellas del Divino Maestro”. Eso sí, no hay que olvidar esto: “Lo que compete a los sucesores de los Apóstoles de una manera más estricta, concierne también a todos aquellos que, en diversos modos, realizan ministerios en la Iglesia, profesan los consejos evangélicos o están llamados a servir al pueblo cristiano”.
En este marco trazado por el Santo Padre, se inserta el motu proprio Vos estis lux mundi, que gira en torno al tema de la denuncia de conductas directamente relacionadas con los abusos o su encubrimiento, o con los actos u omisiones realizados para impedir su procesamiento tanto en el ámbito canónico como en el civil.
A lo largo de los años, en efecto, ha surgido un doble problema: la dificultad de poder denunciar eficazmente los abusos sufridos y, al mismo tiempo, una inercia o incluso una negligencia culpable por parte de las autoridades eclesiásticas llamadas a intervenir en presencia de tales actos criminales. Las expresiones de Benedicto XVI en la Carta a los católicos de Irlanda muestran todo el dolor por esta situación: “Muchos habéis experimentado que cuando teníais el valor suficiente para hablar de lo que os había pasado, nadie quería escucharos. Los que habéis sufrido abusos en los internados debéis haber sentido que no había manera de escapar de vuestros sufrimientos” (Carta de Benedicto XVI a los católicos de Irlanda, 19 de marzo de 2010, n. 6).
Noticias del delito
De hecho, uno de los puntos más importantes, aunque aparentemente elusivo desde el punto de vista de la obligación legal, es facilitar la posibilidad de que las víctimas accedan al informe sin demasiados obstáculos, que ya son muy evidentes en aquellos que han sufrido un abuso debido a la concomitancia de factores (religiosos, familiares, contextuales, etc.). Tales obstáculos tienden a disuadir a una persona de denunciar el abuso, el cual por lo demás es siempre muy difícil de probar. En este sentido, un ejemplo de evolución en esta materia es el vinculado a las llamadas noticias del delito indicadas en el canon 1717 del Código de Derecho Canónico (CIC) que dice: “Siempre que el Ordinario tenga noticia, al menos verosímil, de un delito (notitia saltem verisimilis)”.
Cuando la Congregación para la Doctrina de la Fe envió una carta en 2011 para ayudar a las Conferencias Episcopales en la preparación de las Directrices para el tratamiento de los casos de abuso infantil por parte de los clérigos, se indicó: “Si la acusación se considera creíble”. En las Orientaciones adoptadas por el Papa Francisco el 26 de marzo de 2019 para el Vicariato de la Ciudad del Vaticano, n. F6, se dice en cambio: “siempre que la noticia del crimen no sea manifiestamente infundada” y lo mismo ocurre con el motu proprio Vos estis lux mundi en el art. 10 §1: “Excepto que el informe sea manifiestamente infundado, el Metropolitano solicita de inmediato al Dicasterio competente el encargo de iniciar la investigación”. En otras palabras, dado que estos delitos rara vez ocurren en presencia de testigos, solo es necesario descartar la investigación previa en caso de imposibilidad manifiesta del delito.
Actitud hacia las presuntas víctimas
Respecto de la actitud hacia los que se presentan como víctimas de abusos, también en este caso podemos notar la evolución desde la Carta de la Congregación para la Doctrina de la Fe de 2011 que decía: “La Iglesia, en la persona del Obispo o de un delegado suyo, debe estar dispuesta a escuchar a las víctimas y a sus familiares y a esforzarse en asistirles espiritual y psicológicamente”. Ahora el texto de las Orientaciones de 2019 del Vicariato de la Ciudad del Vaticano (F1) expresa: “Los que afirman haber sido víctimas de explotación, abuso sexual o maltrato en la Iglesia, así como sus familias, tienen derecho a ser recibidos, escuchados y acompañados”. Además, se establece en Vos estis lux mundi (Art. 3) la obligación de informar a los clérigos o a los miembros de un Instituto de Vida Consagrada o de una Sociedad de Vida Apostólica si tienen noticias o razones fundadas para creer que se ha cometido alguno de los hechos a que se refiere el artículo 1 del mismo motu proprio.
Esta obligación, que pesa sobre aquellos que en virtud de su ministerio o consagración están al servicio del Pueblo de Dios (Proemio), tiene su razón de ser en la responsabilidad de la santidad de la Iglesia y, por tanto, debe respetar lo que está relacionado con el ministerio ejercido, que es también la primera responsabilidad de la santidad de la Iglesia. De hecho, el art. 3 recuerda los cánones 1548 §2 CIC y 1229 §2 CCEO (Código de Cánones de las Iglesias Orientales), que no solo dispensan a los clérigos de dar testimonio de lo que les fue manifestado como resultado de su ministerio sagrado, sino que también se refiere a los cánones 1550 §2 n. 2 CIC y 1231 §2 n. 2 CCEO que consideran a los sacerdotes absolutamente incapaces de ser testigos “respecto a todo lo que conocen por confesión sacramental, aunque el penitente pida que lo manifiesten; más aún, lo que de cualquier modo haya oído alguien con motivo de confesión no puede ser aceptado ni siquiera como indicio de la verdad”.
El informe
El objeto del informe son dos grupos de conducta: los delitos enumerados en la letra a), que incluyen una gama de causas penales más amplia que la indicada en el c. 1395 §2 CIC y en el motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela art. 6 §1. La mayor parte está dada, en primer lugar, por los sujetos incluidos, que no solo son clérigos, sino también miembros de Institutos de Vida Consagrada o de Sociedades de Vida Apostólica, en cuyo caso se trata de personas de ambos sexos.
Las víctimas pueden ser adultos en caso de violencia, amenazas o abuso de autoridad (c. 1395 §2 se limita a indicar violencia o amenazas, pero no abuso de autoridad), obligadas a realizar o someterse a actos sexuales (i); también se indican los actos sexuales realizados con un menor o persona vulnerable (ii).
En este nuevo documento se distinguen las figuras del menor (de menos de dieciocho años o equiparado por ley) y aquella de la persona vulnerable. Sin embargo, en este último caso no se hace una equiparación directa como aquella del motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela, que equipara al menor solo a la persona que habitualmente tiene un uso imperfecto de la razón. Así, se adopta la definición legal establecida en la Ley CCXCVII sobre la protección de los menores y de las personas vulnerables del Estado de la Ciudad del Vaticano, de 26 de marzo de 2019, en la que se establece que se debe considerar vulnerable a “cualquier persona en estado de enfermedad, de deficiencia física o mental, o de privación de la libertad personal que, de hecho, aunque sea ocasionalmente, limite la capacidad de comprender o querer o resistirse de alguna otra manera a la ofensa”.
Por último, los delitos en el ámbito de la pornografía infantil (iii) son más extensos que los establecidos en el artículo 6, apartado 1, segundo párrafo, del motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela, y en forma resumida se recoge el artículo 10 de la Ley VIII “Reglamento complementario en materia penal” del 11 de julio de 2013.
La obligación de informar
En la letra b) del apartado 1 del artículo 1, no se hace referencia expresa a los delitos, sino a la “conducta”, “que consiste en acciones u omisiones destinadas a interferir o eludir las investigaciones civiles o canónicas, administrativas o penales contra un clérigo o religioso en relación con los delitos a que se refiere la letra a) del presente parágrafo”. En este caso, los sujetos activos de tal conducta, que a veces pueden tener las connotaciones precisas de los delitos indicados en el c. 1389 sobre abuso de poder o ministerio, y negligencia culpable en detrimento de otros en el ejercicio de sus funciones, son los indicados en el art. 6 sucesivo, es decir, todos aquellos, desde los Cardenales hasta los Moderadores Supremos de los Institutos de Vida Consagrada y de las Sociedades de Vida Apostólica de Derecho Pontificio, que, a título diverso, ejercen el poder eclesiástico directo sobre los fieles o gozan de jurisdicción eclesiástica. En esencia, se trata de una disposición en la línea del artículo 1 del motu proprio Como una madre amorosa del 4 de junio de 2016, que lo precisa y refuerza posteriormente al incluir en él a otros sujetos que gozan de la potestad de gobierno en la conducción de comunidades de fieles. De ello se deduce que la obligación de informar indicada en el artículo 3 incluye no solo los delitos a que se refiere la letra a) sino también la conducta a que se refiere la letra b).
Respecto de la obligación de informar, con todos los problemas que implica en especial la denuncia de la “conducta” indicada en la letra b), se deduce que el motu proprio se presenta sobre todo como una legislación de tipo “procesal” en el sentido disciplinar, con los inevitables límites de una legislación universal, pero destinada a situaciones eclesiales muy diferentes. La dinámica de estos informes, tanto desde el punto de vista de su recepción como desde el punto de vista de su tratamiento posterior, se dirige a que la obligación no quede como una mera declaración de intenciones, aunque importante y encomiable, sino que sea un instrumento eficaz, aunque obviamente perfectible.
El primer punto, relativo a la recepción de los informes, está dedicado principalmente a los artículos 2 a 4 del motu proprio, que se centran principalmente en dos aspectos: la accesibilidad y la exhaustividad del informe; la protección de la persona que presenta la denuncia. En este sentido, el art. 2 establece que: “las Diócesis o las Eparquías, individual o conjuntamente, deben establecer, dentro de un año a partir de la entrada en vigor de las presentes normas, uno o más sistemas estables y fácilmente accesibles al público para presentar los informes, incluyendo eventualmente la creación de un oficio eclesiástico específico”. Al mismo tiempo: “El informe recoge los elementos de la forma más detallada posible, como indicaciones del tiempo y lugar de los hechos, de las personas involucradas o con conocimiento de los mismos, así como cualquier otra circunstancia que pueda ser útil para asegurar una valoración precisa de los hechos” (Art. 3 §4). Se trata, en efecto, de promover la responsabilidad en la Iglesia, no de fomentar rumores incontrolados que pueden causar graves daños si no se verifican adecuadamente.
La persona que hace la denuncia está específicamente protegida por el art. 4 para evitar, salvo en el caso de denuncias calumniosas o difamatorias según los cánones 1390 CIC y 1452-1454 CCEO, represalias o discriminación contra ella.
¿A quién entregar el informe?
El artículo 3 del motu proprio presenta un amplio abanico de personas aptas para recibir el informe: el Ordinario del lugar donde se hubieran producido los hechos u otro Ordinario entre los indicados en los cánones 134 CIC o 984 CCEO, o una autoridad eclesiástica indicada en los artículos 8-9, entre los que destaca la figura del Metropolitano, en el caso de un informe relativo a uno de los temas a que se refiere el art. 6, sin perjuicio de la posibilidad de enviar siempre el informe a la Santa Sede, directamente o a través del representante pontificio.
Cuando se trata de la denuncia de un delito contemplado en el art. 1, letra a), relativo a un clérigo o a un miembro de un Instituto de Vida Consagrada o de una Sociedad de Vida Apostólica, el procedimiento se lleva a cabo según las normas existentes, sea o no un delito reservado a la Congregación para la Doctrina de la Fe. En cierto sentido, el motu proprio se limita a establecer la obligación de enviar la notitia criminis por los delitos indicados a la autoridad eclesiástica competente, pero no se detiene en el procedimiento.
El caso en que el informe se refiera a uno de los temas mencionados en el artículo 6 del motu proprio es diferente, en cuyo caso, aunque no modifica específicamente ni trata del procedimiento penal o administrativo, se fijan algunos elementos que parecen importantes para su aplicación efectiva, entre los que me parece que hay que subrayar el relativo al calendario indicado en los artículos 10, 12, apartado 9, y 14, en los que se establecen plazos rigurosos y verificables para la realización de las investigaciones, con el fin de evitar que el informe siga sin prosperar.
El motu proprio concluye reiterando que su aplicación no prejuzga en modo alguno la validez de las normas civiles sobre la materia establecidas en los distintos lugares, relativas, sobre todo, a la eventual obligación de informar a las autoridades del Estado.
En conclusión, este motu proprio marca un momento importante porque, a través de una ley de indudable impacto en la vida eclesial, apela decisiva e inequívocamente a una responsabilidad y a sus consecuencias ante el esfuerzo que la Iglesia está realizando en su compromiso por la protección de los menores y de las personas vulnerables.
NOTA
[1] Sacerdote de la Prelatura del Opus Dei, catedrático de Derecho Penal Canónico en la Pontificia Universidad de la Santa Cruz de Roma.

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Publicación teológico-pastoral de la Arquidiócesis de Santiago, fundada en 1843. Se edita desde el Seminario Pontificio Mayor de Santiago y su periodicidad es trimestral.

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