Vos estis lux mundi: Un paso más… hacia adelante – Marcelo Gidi, sj

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Artículo publicado en la edición Nº 1.202 (ABRIL- JUNIO 2019)
Autor: Marcelo Gidi, Profesor de Derecho Canónico en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma
Para citar: Gidi, Marcelo; Vos estis lux mundi: Un paso más… hacia adelante, en La Revista Católica, Nº1.202, abril-junio 2019, pp. 191-200.
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Vos estis lux mundi: Un paso más… hacia adelante
Marcelo Gidi, sj [1]
Pontificia Universidad Gregoriana de Roma

El día que concluyó el Encuentro “La protección de los menores en la Iglesia”, el 24 de febrero de 2019, el Papa expresaba, “Quisiera reafirmar con claridad: si en la Iglesia se descubre incluso un solo caso de abuso —que representa ya en sí mismo una monstruosidad—, ese caso será afrontado con la mayor seriedad”[2].
El Papa, consciente de la necesidad de una nueva normativa eclesiástica en la materia, sabía que debía ser promulgada, pero también era consciente que era más urgente, sin duda alguna, “cambiar la mentalidad”, una mentalidad que había hecho que la ley no fuera aplicada. Primero, era necesario superar esa “actitud defensiva-reaccionaria de salvaguardar la institución, en beneficio de una búsqueda sincera y decisiva del bien de la comunidad, dando prioridad a las víctimas de los abusos en todos los sentidos”. Solo de este modo las nuevas normas que se promulgarían, en un futuro próximo, podían ser efectivas y protectoras de las víctimas y serían, también, acciones jurídicas concretas y eficaces de prevención.
Fue el mismo Francisco a anunciar, por su parte, que “…ha llegado la hora de colaborar juntos para erradicar dicha brutalidad del cuerpo de nuestra humanidad, adoptando todas las medidas necesarias ya en vigor a nivel internacional y a nivel eclesial. Ha llegado la hora de encontrar el justo equilibrio entre todos los valores en juego y de dar directrices uniformes para la Iglesia, evitando los dos extremos de un justicialismo, provocado por el sentido de culpa por los errores pasados y por la presión del mundo mediático, y de una autodefensa que no afronta las causas y las consecuencias de estos graves delitos”[3]. Era el tiempo, necesario y urgente, de elevar los estándares en la Iglesia y hacer todo lo necesario y posible para ponerle fin a este flagelo, con acciones concretas y ojalá eficaces. Francisco deja hablar, escucha, consulta y, cuando le corresponde, adopta las decisiones que le parecen procedentes. De las palabras y de la reflexión, después de escuchar a las víctimas, se pasaba a las acciones y decisiones en favor de estas, con esta respuesta universal y concreta al fenómeno de los abusos. En tal sentido, concluido el Encuentro, el padre Federico Lombardi, moderador del Encuentro, comunicaba cuáles iban a ser esas medidas concretas. Anunció la publicación de una serie de documentos, legislativos y pastorales, tendientes a regular el modo de prevenir, actuar y sancionar todo tipo de abuso en la Iglesia.
Entre las iniciativas concretas que podemos esperar en el futuro, en un futuro cercano, dijo el padre Lombardi en esa ocasión, habrá que esperar un nuevo Motu proprio del Papa sobre la protección de los menores y de las personas vulnerables, que tiene por objeto reforzar la prevención. También dijo que, con relación a la lucha contra los abusos en la Curia Romana y en el Estado de la Ciudad del Vaticano, se promulgaría una nueva ley para el Estado de la Ciudad del Vaticano y se darían nuevas directrices para el Vicariato sobre el tema de la protección de los menores y de las personas vulnerables. En la elaboración de todos estos documentos se tuvieron presente los “21 puntos de reflexión” que el mismo Pontífice ofreció a los asistentes durante el Encuentro[4]. Sin demora, a medida que avanzaban los meses, las comisiones y organismos respectivos se reunieron para trabajar en la elaboración de los documentos anunciados. Los primeros tres documentos, publicados conjuntamente el 26 de marzo de 2019, fueron la Ley N. CCXCVII, el Motu proprio sobre la “Protección de los menores y personas vulnerables”, ambas aplicables al Estado de la Ciudad del Vaticano, y también a la Curia romana y las “Directrices Pastorales (Líneas guías) para el Vicariato de la Ciudad del Vaticano”. Todas son leyes penales y pastorales entrarán en vigor el 1 de junio de 2019.
Creo necesario, para comprender mejor el Motu proprio Vos estis lux mundi, referirme al primero de los tres documentos, la Ley N. CCXCVII, que en su primer artículo contiene por primera vez una definición precisa y amplia de la categoría de “adultos vulnerables”, categoría de posible víctima, también presente en la actual ley: “Es vulnerable toda persona en estado de enfermedad, deficiencia física o mental o privación de la libertad personal que, de hecho, incluso ocasionalmente, limite la capacidad de comprender o de querer o de resistirse a quien le ofende” (art.1). Otra de las grandes novedades de esta Ley vaticana es que, con su entrada en vigor, todos los delitos relacionados con el abuso de menores, no solo los de carácter sexual, sino también, por ejemplo, el maltrato, serán “perseguibles de oficio”, es decir, incluso en ausencia de una denuncia (art.2). Otra novedad significativa se refiere a la obligación de denunciar y sancionar al funcionario público eclesiástico que no denuncie ante la autoridad judicial vaticana los abusos de los que haya tenido conocimiento, a excepción de que haya tenido conocimiento de ellos por medio del sacramento de la confesión, porque toda esa información queda asumida por el sigilo sacramental, el que es inviolable (art.3; cf. c.1550 §2, 2°). La falta de denuncia se convierte en un delito del Estado de la Ciudad del Vaticano, con sanciones al menos pecuniarias o de pérdida del oficio. Todas estas novedades forman parte de la nueva ley recientemente promulgada.
Habiéndose, entonces, renovado la legislación en el Estado del Vaticano y como modelo a seguir para toda la Iglesia, el Papa y sus asesores se pusieron a trabajar en la redacción de un nuevo Motu proprio, el que contendría directrices uniformes para la Iglesia Católica en el mundo. En línea con el compromiso de la responsabilidad de los líderes (“accountability” en inglés) y de la transparencia, que fueron asumidos durante el Encuentro, Francisco promulgó el 7 de mayo la Carta apostólica en forma de Motu proprio Vos estis lux mundi  (“Ustedes son la voz del mundo”), que contiene las nuevas normas procesales y penales que se deben adoptar para prevenir y combatir los abusos sexuales perpetrados por clérigos y religiosos contra menores de edad y personas vulnerables; y, también, para investigar y sancionar los actos de violencia, amenaza, encubrimiento y negligencia de la autoridad. Las normas de este Motu proprio, que fueron aprobadas ad experimentum por un trienio y que entrarán en vigor el próximo 1 de junio de 2019, especifican nuevos delitos eclesiásticos y tratan acerca del desarrollo de la Investigación previa (c.1717). No son reglas guías o recomendaciones, tampoco normas interpretativas; son normas vinculantes para todos en la Iglesia, porque se deben adoptar “a nivel universal procedimientos dirigidos a prevenir y combatir estos crímenes que traicionan la confianza de los fieles”.
Vos estis lux mundi, es una ley eclesiástica que contiene 19 artículos distribuidos en dos títulos. Cada uno da cuenta de las dos materias sobre las que se legisla: I) las investigaciones previas por denuncias de abuso sexual cometidos por clérigos, religiosos y religiosas, y II) las investigaciones por las denuncias de actos sexuales y por negligencia y encubrimiento de parte de la autoridad en relación a esos delitos. La carta apostólica, en esta materia, junto con especificar y/o modificar algunos delitos, ofrece procedimientos e indicaciones para saber qué se debe hacer cuando llega una denuncia de este tipo.
Teniendo presente, entonces, la necesidad de adoptar en la Iglesia a nivel universal procedimientos dirigidos a prevenir y combatir estos crímenes que causan daños físicos, psicológicos y espirituales a las víctimas, perjudican y traicionan la confianza de los fieles, el Papa Francisco promulga Vos estis lux mundi, del cual señalo algunas de sus novedades, las claves de su comprensión y los criterios para su justa aplicación.
Antes de presentar esta nueva ley creo necesario, considerando la situación de la Iglesia en Chile, referirme a un aspecto importante y que demostraría el respeto de la Iglesia por la soberanía de los Estados. El art.19, el último de esta ley pontificia, establece una norma sumamente importante y que dice relación con la autonomía y complementariedad legislativa entre el Estado de Chile y la Iglesia Católica. Afirma el artículo: “Estas normas se aplican sin perjuicio de los derechos y obligaciones establecidos en cada lugar por las leyes estatales, en particular las relativas a eventuales obligaciones de información a las autoridades civiles competentes”.
En este campo, en relación a la situación legislativa de la Iglesia en Chile, cabe recordar que de acuerdo al artículo 19 N° 6 de la Constitución de 1980, se le reconoce a la Iglesia Católica, la personalidad jurídica de derecho público, el derecho de ejercer su misión apostólica y la garantía del libre y público ejercicio de las actividades que le son propias, en especial las de culto, jurisdicción y magisterio. De este modo, y en lo que nos interesa señalar, se le reconoce a la Iglesia Católica la posibilidad de dictar leyes, independientemente del Estado chileno, pero no en contradicción a la misma y en total respeto de la Constitución. Es decir, el Estado de Chile reconoce a la Iglesia Católica la capacidad legislativa en los ámbitos y materias propias, como por ejemplo, dictar leyes propias, determinar sanciones o medidas disciplinarias internas por delitos eclesiásticos, sin por eso quedar exenta de la ley chilena en las mismas materias (cf. art. 20 Ley 19.638)[5].
Teniendo presente lo anterior, analicemos las nuevas disposiciones eclesiásticas en esa materia.
1. Uno de los principios que se tuvo para la elaboración de esta normativa fue, para garantizar el acceso de las personas a la Iglesia, la de mejorar la estructura de recepción de las denuncias. Las Conferencias Episcopales e incluso las diócesis, de acuerdo a su propia realidad, están obligadas a crear las mejores condiciones para implementar la ley. Asumiendo las buenas prácticas y abandonando definitivamente los métodos que no garantizan una objetiva, rápida y coherente recepción y la investigación de las denuncias, se establece la siguiente obligación. Todas las diócesis deben establecer, antes de junio de 2020, “sistemas estables y de fácil acceso público” para informar de los casos de abuso sexual y de encubrimiento de los mismos, entre los cuales puede establecerse una oficina específica (art. 2 §1).
2. Este texto, que está dedicado principalmente a la protección de los menores y a la lucha contra el abuso sexual cometido por clérigos o religiosos, comprende como eventuales víctimas de los delitos que considera, no solo a los menores, o personas que habitualmente tengan un uso imperfecto de la razón (art.6 SST), sino también a los adultos vulnerables (art.1 §1, a, II), y a toda persona (“alguien” dice el texto (art.1 §1, a, I), es decir, a los hombres o mujeres, religiosas o religiosos, seminaristas, o novicios o novicias mayores de edad, que sufran actos de naturaleza sexual (art.1 §1, a).
3. Otra importante novedad es que, por primera vez, para la legislación eclesiástica se describe una nueva tipología de personas que eventualmente puedan ser víctimas, con lo cual se especifica un nuevo delito. Me refiero a la categoría de la persona vulnerable que, para los efectos de esta ley y recurriendo a la definición ya presente en la Ley N. CCXCVII, se define en el art. 1 §2, b. Este artículo establece que “«persona vulnerable», es cualquier persona en estado de enfermedad, de deficiencia física o psicológica, o de privación de la libertad personal que, de hecho, limite incluso ocasionalmente su capacidad de entender o de querer o, en cualquier caso, de resistir a la ofensa”. Personas que finalmente no puedan, por esas circunstancias, ser libres o capaces de oponerse al acto en su contra.
4. Otra modificación penal la encontramos en la especificación de un delito descrito de modo general en el c. 1395 §2, “quien cometa de otro modo un delito contra el sexto mandamiento del Decálogo”, pero que puede razonablemente considerarse un nuevo delito. Me refiero a la descripción que hace del art. 1 §1, a, III respecto de la conducta de “producir, exhibir, poseer o distribuir, incluso por vía telemática, material pornográfico infantil, así como recluir o inducir a un menor o a una persona vulnerable a participar en exhibiciones pornográficas”. Este artículo no se refiere a lo establecido en el Motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela (art. 6 §1, 2°), que sigue plenamente vigente en relación a menores de 14 años, sino que se especifica que este delito se comete con personas menores de 18 años y adultos vulnerables.
5. De modo determinado y claro el Motu proprio se refiere a los eventuales reos de estos delitos. Son posibles sujetos activos de los delitos de los que se ocupa, no solo los clérigos, sino también los miembros de los Institutos Religiosos y Sociedades de Vida Apostólicas, que no son clérigos. De modo específico, también, en relación a los delitos sexuales o de oficio, acciones u omisiones (art. 1 §1, b), cometidos por una serie de autoridades eclesiásticas, expresamente señaladas en el art.6 del Título II.
6. Considerando la actual legislación eclesiástica, (c. 1389, que tipifica el abuso de potestad eclesiástica y la negligencia culpable), podemos afirmar otra especificación de un delito, o ¿tal vez, una nueva tipificación? Me refiero a la expresa descripción que hace el art.1, del delito de encubrimiento. Por primera vez en la Iglesia, se describe, sin duda alguna, este delito, en cuanto conducta llevada a cabo por las autoridades eclesiásticas y que consiste en “acciones u omisiones dirigidas a interferir o eludir investigaciones civiles o investigaciones canónicas, administrativas o penales, contra un clérigo o un religioso con respecto a delitos señalados“, (art.1 §1, b). La ley considera como posibles sujetos activos de estas conductas a los cardenales, patriarcas, obispos y nuncios, pero también a superiores religiosos, hombres o mujeres, y abades cuando estaban en el cargo (art. 6): Esto porque ellos tienen la obligación de investigar y/o facilitar este tipo de investigaciones. Con esta norma se explicita, una vez más, que la Iglesia no solo tiene presente el bien de las personas, sino que en ella nadie tiene permitido cometer delitos y que ninguna de sus autoridades está más allá de la ley, por lo que, si cometen crímenes, también deben responder por estos.
7. Otra novedad del texto legislativo la encontramos en lo que establece el art.3 §1: “cada vez que un clérigo o un miembro de un Instituto de vida consagrada o de una Sociedad de vida apostólica tenga noticia o motivos fundados para creer que se ha cometido alguno de los hechos mencionados en el artículo 1, tiene la obligación de informar del mismo”. Encubrir el delito de abuso no es aceptable; nunca ha sido aceptable. Por lo mismo, con gran firmeza, el Papa hace que la denuncia de cualquier acto que parezca ser criminal sea obligatoria, teniendo muy claro también el principio de la presunción de inocencia y el respeto inviolable del sigilo sacramental (cc. 983; 1550 §2, 2° y 1548 §2). En este sentido, el Motu proprio, por primera vez en la Iglesia Católica, establece una obligación legal, ya no moral, de denunciar. Pero no solo esto. Es decir, informaciones de esta naturaleza no quedan comprendidas dentro del secreto de oficio eclesiástico. Entonces, desde el 1 de junio del 2019, todo clérigo, religioso o religiosa, deberá informar a quienes se acerquen que, si le entrega noticias propias o de otros sobre alguna materia relacionada con los delitos que trata esta ley (art.1), está en la obligación de informar a la autoridad eclesiástica (art.4 §1). Esta obligación consiste en informar, sin demora, las noticias o los motivos fundados para creer que se ha cometido alguno de los hechos. La misma obligación, lo establece expresamente esta ley, no interfiere, no prohíbe, no sustituye ni modifica ninguna otra obligación de informar y de colaborar con las autoridades civiles que pueda existir en cada país de acuerdo a la ley estatal vigente (art.19).
8. La nueva ley, que impone la obligación de denunciar, sobre todo, considera y protege a quien denuncia eventuales o posibles daños. Establece con total claridad que las víctimas y denunciantes no pueden ser objeto de prejuicios, represalias o discriminación, como muchos lo han sido en otros tiempos. Al contrario de lo que ocurría antes, nunca se les podrá obligar al silencio y podrán hablar de su caso con quienes quieran, incluso con la prensa (art.4). La nueva norma deja muy claro el pleno apoyo a las víctimas y su completa libertad para denunciar ante las autoridades civiles. El Motu proprio, gracias a la mejor comprensión de esta dramática realidad y del aprendizaje a partir de las malas prácticas, pone énfasis “en el cuidado de las personas ofendidas” y en la importancia de acogerlas, escucharlas y acompañarlas, ofreciéndoles la asistencia espiritual y terapéutica que necesiten. Las presuntas víctimas no solo deben ser tratadas con respeto, sino que también se les debe ofrecer diversos tipos de asistencia (Art. 5 § 1), y a quienes se les debe garantizar que su información será tratada de modo que se garantice su seguridad, integridad y confidencialidad (art. 2 §2).
9. Este documento se hace cargo, además, de establecer un modo universal y claro de cómo proceder delante a una denuncia al momento de realizar la investigación previa (art.1717). Establece formas seguras de abordar informaciones potencialmente criminales y para verificarlas sin demora por medio de una investigación adecuada, y así poder iniciar los procedimientos canónicos. Se trata de proporcionar procedimientos sobre lo que se necesita hacer para denunciar y luego para la investigación. Estableciendo normas claras, la ley señala que, cuando la denuncia es contra clérigos o miembros, varones o mujeres, de Institutos de vida consagrada o Sociedades de vida apostólica, por delitos contra el sexto mandamiento del Decálogo (art.1 §1, a) que consistan en: I) obligar a alguien, con violencia o amenaza o mediante abuso de autoridad, a realizar o sufrir actos sexuales; II) realizar actos sexuales con un menor o con una persona vulnerable; III) producir, exhibir, poseer o distribuir, incluso por vía telemática, material pornográfico infantil, así como recluir o inducir a un menor o a una persona vulnerable a participar en exhibiciones pornográficas), se hace ante el Ordinario propio de ellos o ante otra autoridad, quien lo comunicará sin demora al Ordinario del lugar donde habrían tenido lugar los hechos, así como al Ordinario propio de la persona señalada si ha sido otro quien haya recibido la denuncia. El procedimiento para la investigación previa en estos casos se rige por la normativa ya vigente de acuerdo con lo previsto para el caso específico (art. 2 §3).
10. También el Motu proprio se hace cargo de establecer todo el procedimiento para realizar las investigaciones previas cuando sean denunciados los obispos, cardenales, legados pontificios, clérigos que hayan tenido a su cargo el gobierno pastoral de una iglesia particular o de una prelatura personal, moderadores supremos de Institutos de vida consagrada o de Sociedades de vida apostólica de derecho pontificio, así como de los Monasterios sui iuris, por los hechos cometidos durante el ejercicio de su cargo. Estos hechos son los delitos de naturaleza sexual (art.1 §1, a), pero, sobre todo, los delitos de encubrimiento y negligencia (art. 1, §1, b). Esta ley, complementa y completa el anterior Motu proprio “Como una madre amorosa” (4 de junio de 2016), con el cual se establece la remoción del Obispo por causa de grave negligencia en materia de denuncia de abusos.
11. Vos estis lux mundi, en los artículos 8-18, introduce una serie de normas en relación al procedimiento investigativo y sancionatorio que queda bajo la jurisdicción del Dicasterio respectivo, el que se determina en consideración a la dependencia de la autoridad denunciada (art.7). La realización de la investigación de la denuncia, en esta materia, se confía al Obispo Metropolitano de la Provincia eclesiástica en la que está domiciliada la persona señalada. Una vez recibida la denuncia, tendrá que informar a la Congregación y realizar, bajo su autoridad, la investigación. El Metropolitano se debe hacer asesorar por personas calificadas que lo ayuden a cumplir su tarea (art.13), sin establecer ninguna restricción, sino la sola condición que sean “cualificadas según las necesidades del caso” (c.228). Para garantizar diligencia y transparencia, y una adecuada investigación, la Congregación, si lo considera oportuno porque, por ejemplo, el Obispo Metropolitano no es la persona más idónea para investigar, por cualquier motivo o circunstancia, podrá encargar la investigación a una persona distinta del Metropolitano (att.11 §1). En caso de ser denunciado el propio Metropolitano, será otro Obispo quien deberá cumplir su tarea (Art. 8 §2).
12. Otro aspecto que destacar es que este documento establece que los casos denunciados deberán ser verificados “prontamente y se tratarán de acuerdo con el derecho canónico”, y en el caso de las denuncias en contra las autoridades, señala el art. 14 §1 que la investigación debe concluirse dentro del plazo de noventa días o en el plazo indicado en las instrucciones recibidas por la Congregación, plazo que por motivos justificados se puede prorrogar (art. 10 §1-2). Para tener un control más efectivo del estado de la investigación previa, garantizar la agilidad y evitar retrasos innecesarios, el obispo Metropolitano debe informar cada 30 días a la Congregación competente cuál es el estado actual de la investigación: información sobre el estado actual de las investigaciones (Art. 12 § 9).
13. Finalmente, como lo hemos señalado, el documento establece inequívocamente que las normas que decreta no afectan los derechos y obligaciones definidos por las leyes estatales, en particular las relacionadas con cualquier obligación de informar a las autoridades civiles (Art. 19).
Las víctimas y el tiempo han permitido que la Iglesia haya tomado conciencia de la real gravedad de cada uno de los aspectos que están involucrados en cada uno de estos delitos. Francisco, con esta nueva ley, que en su aplicación se aclarará en todos sus puntos, ofrece a toda la Iglesia un instrumento de prevención concreto, que garantiza la rapidez, la transparencia y la rendición de cuentas en el tratamiento de estas denuncias, pero también es un paso crítico, hacia adelante, para proteger a todas las víctimas del flagelo del abuso sexual. En esta cruzada todos estamos involucrados para que estos hechos no se repitan nunca más o, si se repiten, nunca más sea permitida la negligencia o el encubrimiento. Finalmente, manifiesta el espíritu de la Iglesia y su Pastor, “La protección de los menores y de las personas vulnerables es parte integrante del mensaje evangélico que la Iglesia y todos sus miembros están llamados a difundir en todo el mundo”.
NOTAS
[1] Sacerdote jesuita, doctor en Derecho Canónico por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, donde actualmente es profesor. Este artículo fue publicado en la Revista Mensaje, edición 679 de junio de 2019, Chile.
[2] http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2019/february/documents/papa-francesco_20190224_incontro-protezioneminori-chiusura.html
[3] http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2019/february/documents/papa-francesco_20190224_incontro-protezioneminori-chiusura.html
[4] http://www.vatican.va/resources/resources_puntidiriflessione-protezioneminori_20190221_sp.html
[5] Artículo 20. “El Estado reconoce el ordenamiento, la personalidad jurídica, sea esta de derecho público o de derecho privado, y la plena capacidad de goce y ejercicio de las iglesias, confesiones e instituciones religiosas que los tengan, a la fecha de publicación de esta ley, entidades que mantendrán el régimen jurídico que les es propio, sin que ello sea causa de trato desigual entre dichas entidades y las que se constituyan en conformidad a esta ley”.

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Publicación teológico-pastoral de la Arquidiócesis de Santiago, fundada en 1843. Se edita desde el Seminario Pontificio Mayor de Santiago y su periodicidad es trimestral.

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